El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulga una nueva ley (SB 692) que exime de las solicitudes de registros públicos la información personal sobre los miembros de la Comisión de Control del Juego de Florida. La ley, aprobada por unanimidad, pretende proteger los datos personales de los actuales y antiguos comisionados y sus familias. Esto incluye las direcciones de domicilios, números de teléfono y fechas de nacimiento.

Proteger a los comisarios

Los defensores de la ley argumentan que divulgar dicha información podría poner en peligro a los miembros de la comisión y a sus familias. Afirman: “divulgar la información personal de identificación y localización podría poner a los actuales o antiguos comisionados de la comisión y a sus familiares en peligro de sufrir da?os físicos y emocionales por parte de individuos descontentos cuyos negocios o prácticas profesionales hayan sido objeto de escrutinio por parte de la comisión. Además, dicho personal puede recibir amenazas o actos de venganza debido a las funciones que desempe?an.”

La Comisión de Control del Juego de Florida se creó en 2021. Supervisa la industria del juego del estado y garantiza que se cumplan las leyes y normativa. Dada la naturaleza potencialmente contenciosa de la regulación del juego, DeSantis argumenta que los miembros de la comisión podrían desencadenar polémica y la reacción violenta de las partes interesadas de la industria.

Historial de problemas de registros públicos con DeSantis

La administración del gobernador DeSantis tiene un historial de cuestiones controvertidas en torno a los registros públicos y la transparencia. Florida tiene una larga tradición de conceder acceso público a los registros y reuniones, establecida por la ley estatal y una enmienda constitucional de 1992. Existe una lucha continua entre el imperativo de transparencia del gobierno y el deseo del gobernador DeSantis de proteger la información sensible y la privacidad de los funcionarios públicos.

En un caso notable, un tribunal debatió un fallo según el cual el “privilegio ejecutivo” exime a la administración de DeSantis de divulgar ciertos registros. El caso se originó a partir de una solicitud de registros públicos que buscaba información sobre las personas involucradas en las discusiones sobre el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Florida. El “privilegio ejecutivo” ha sido impugnado por organizaciones de medios de comunicación y defensores del gobierno abierto, que argumentan que socava la ley de registros públicos de Florida.

Más recientemente, un alto funcionario de las fuerzas de seguridad de Florida decidió demandar a DeSantis, alegando que había perdido su trabajo por denunciar cuestiones relacionadas con los registros públicos.

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